Decreto Ley antitrámites 2012 en Colombia

El decreto de la ley antitrámites posee la firme intención de agilizar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; de modo que los trámites que los últimos deban gestionar frente al primero se realicen en el menor tiempo posible y de la forma más sencilla. La ley antitrámites busca instar a las autoridades a realizar trámites sencillos y con una cantidad de requisitos acordes a la finalidad del trámite en cuestión.

Esta ley se aplica tanto a personas naturales como a personas jurídicas que deban realizar trámites frente a todas las entidades y organismos pertenecientes a la Administración Pública, como así también a particulares que desempeñen funciones administrativas.

Entre los puntos que prohíbe la ley antitrámites pueden mencionarse los siguientes:

Exigir al ciudadano que realiza un trámite documentos que se encuentren en el interior de la entidad en que gestiona dicho trámite.
Exigir la presentación de pagos anteriores realizados en la entidad en la cual se encuentra realizando el nuevo trámite.
Rechazar trámites por errores de ortografía, mecanografía o parecidos.
Exigir un abogado para qué el ciudadano pueda realizar el trámite ante la administración pública.
Exigir certificados de indicadores económicos con la intención de adelantar procesos ante la autoridad.

Como puntos positivos la ley antitrámites ofrecerá los siguientes beneficios:

Los menores de edad podrán tramitar ellos mismos reclamos, quejas o solicitudes vinculadas a su bienestar, gozando dichas exposiciones con prelación en el turno.
Se otorgará una atención diferenciada a infantes, embarazadas, discapacitados, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública.
Los ciudadanos podrán presentar solicitudes, reclamos o sugerencias mediante medios electrónicos en ciudades diferentes a aquella en donde se localiza la sede del organismo al cual la solicitud va dirigida.
Ya no será necesario mantener saldos mínimos en cuentas bancarias para aquellos pensionados que reciban importes menores a dos salarios mínimos legales vigentes.
Las EPS deberán obligatoriamente entregar citas médicas en un tiempo no mayor a tres días.
Los trámites para obtener licencias por incapacidad por enfermedad general, licencia de maternidad o paternidad deberán ser diligenciadas por el empleador ante las EPS.
La discapacidad no podrá ser esgrimida como causa para que una persona no pueda ocupar un puesto público, salvo que dicha incapacidad sea totalmente incompatible con el rol a cumplir.