El decreto de la ley antitrámites posee la firme intención de agilizar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; de modo que los trámites que los últimos deban gestionar frente al primero se realicen en el menor tiempo posible y de la forma más sencilla. La ley antitrámites busca instar a las autoridades a realizar trámites sencillos y con una cantidad de requisitos acordes a la finalidad del trámite en cuestión.
Esta ley se aplica tanto a personas naturales como a personas jurídicas que deban realizar trámites frente a todas las entidades y organismos pertenecientes a la Administración Pública, como así también a particulares que desempeñen funciones administrativas.
